El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de Salud Pública, que incorpora una nueva perspectiva en la que primarán las políticas de protección y promoción. Con la futura norma, la salud pública adopta una dimensión global más allá de la respuesta a la enfermedad, para tener en cuenta los objetivos de anticipación, fomento y mejora del bienestar de las personas.

De carácter garantista y transversal, la ley implicará en la promoción de la salud colectiva a todas las políticas e iniciativas de la Administración autonómica, principalmente las relativas a empleo, vivienda, deportes, innovación, educación y urbanismo, además de incorporar la evaluación de impacto en salud en los distintos ámbitos.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, la norma regula los derechos y las responsabilidades de la población, las garantías para su cumplimiento y los fines y principios que deben regir la nueva organización de la salud pública. De este modo, establece derechos de nueva generación y sitúa a la ciudadanía como eje central de las políticas en la materia, bajo el principio de la equidad generacional (obligación de mantener y mejorar en el futuro las condiciones que aseguran la salud colectiva).

El anteproyecto reconoce el derecho del ciudadano a que la Administración le facilite la capacitación necesaria para analizar la información recibida, asumirla y, desde la libertad y la corresponsabilidad, decidir sobre su salud y participar en las políticas colectivas. De igual modo, se recogen los derechos a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; a que los organismos públicos competentes desarrollen estrategias educativas sobre sexualidad, alimentación y nutrición; a tener acceso a menús equilibrados en comedores, empresas y restaurantes; a disponer de planes de promoción de actividades físicas y espacios públicos para las mismas, y a que todos los planeamientos urbanísticos incluyan la construcción de zonas verdes.

En la misma línea, las administraciones públicas deberán establecer estrategias de movilidad sostenible, como las relativas al uso de la bicicleta y a la promoción del transporte público para reducir las emisiones contaminantes. Asimismo, el anteproyecto establece que en la construcción de viviendas y edificios no se podrán utilizar materiales que supongan un riesgo para la salud, mientras que las actividades o zonas industriales tendrán que garantizar un perímetro de seguridad para la ciudadanía.

En materia alimentaria, destaca el derecho a obtener información sobre las características esenciales de los productos, así como de toda la cadena de elaboración, distribución y comercialización, desde que se obtiene la materia prima hasta que se pone a disposición del consumidor.

Otros derechos incluidos en la ley son los referentes a ser inmunizados contra las enfermedades infectocontagiosas; a recibir las prestaciones preventivas y a rechazarlas; a acceder a los datos y resultados de las inspecciones, investigaciones y estudios llevados a cabo por las autoridades sanitarias; a tener información sobre salud y orientación de sexualidad independientemente de la opción sexual, y a garantizar el acceso a la anticoncepción de urgencia (píldora postcoital).

Responsabilidad ciudadana

En cuanto a las obligaciones de la ciudadanía, el texto normativo recoge, entre otras, las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida; no causar voluntariamente un peligro para la salud; poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública, y cooperar en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y la promoción de la calidad de vida.

El anteproyecto establece sanciones (de 600 a 600.000 euros) para aquellos casos en que se ocasione perjuicio a terceras personas en temas como los relacionados con el hábito de fumar y a las enfermedades de trasmisión sexual, mientras que, por otro lado, prevé la creación de incentivos y exenciones fiscales para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.

Finalmente, en lo referido a los profesionales, la ley revalorizará su trabajo y su carácter de referentes sociales mediante instrumentos como los planes de formación continuada y los mapas de competencias. Los profesionales de la salud pública se beneficiarán de sistemas de carrera profesional y de retribuciones en función del cumplimiento de objetivos, tal y como se viene implantando en la sanidad en su conjunto.

Para el control, vigilancia, seguimiento y desarrollo de las estrategias planteadas, la futura norma prevé la creación de tres organismos: una agencia, un centro de investigación y un observatorio.

La futura Agencia de la Salud Pública, que tendrá que ser aprobada por el Consejo de Gobierno a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, se centrará en ofrecer una respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de la población en esta materia. El Centro de Investigación, por su parte, desarrollará las competencias científicas, así como el desarrollo tecnológico y de innovación en salud pública. En cuanto al Observatorio, que tendrá que estar operativo al año de vigencia de la ley, será un órgano colegiado de carácter consultivo que analizará la situación de la salud y sus factores determinantes.

FUENTE:www.juntadeandalucia.es