Una de las cuestiones más relevantes se refiere a la incorporación de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con cinco años de duración, y evaluaciones bienales, que ha de incorporar medidas en al ámbito social, sanitario y educativo para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y sobre todo para asegurar la prevención de embarazos no deseados. De hecho, es precisamente el abordaje de los aspectos que condicionan los embarazos no deseados una de las claves de esta nueva norma ya que se pretende trabajar con un enfoque global e integral en la prevención de los embarazos como mejor forma de resolver la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo. El desarrollo de iniciativas de carácter educativo con los jóvenes y adolescentes, la incorporación de acciones formativas en los profesionales sanitarios o el desarrollo de acciones informativas sobre la población, son variables esenciales para asegurar la salud sexual y reproductiva así como la prevención de embarazos. Todo ello, combinando con una posibilidad real de acceso a los métodos anticonceptivos y de manera especial, al preservativo que tiene posibilidades a prevención de infecciones de transmisión sexual además de capacidad de prevención de embarazos no deseados. Junto a ello, la Ley, define en relación a las interrupciones voluntarias del embarazo lo siguiente: • Hasta las catorce semanas de gestación se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, y de manera excepcional y hasta la semana veintidós, si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada y si hubiera graves anomalías en el feto. A partir de aquí, sólo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. • Un comité clínico autorizará la intervención en los casos excepcionales cuando existan enfermedades extremadamente graves e incurables. Esta es una Ley que ofrece más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados. Además, la Ley establece que todas las personas tienen derecho a la mejor salud posible, incluida la salud sexual y reproductiva, y todas las personas tienen derecho a tener hijos y a decidir cuando tenerlos.
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